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Uno de los problemas de la responsabilidad política, a diferencia de la jurídica, es que en la primera no están tipificados taxativamente las conductas, los procedimientos y las consecuencias del juicio de responsabilidad. Por eso, y para reducir la arbitrariedad, las democracias buscan objetivar en lo posible, mediante convenciones o prácticas consensuadas, algunos criterios a aplicar por las Cámaras. Algo puede ayudarnos el derecho comparado.