Publicado en El Español el día 4 de mayo de 2024
Desde que el presidente del Gobierno prometió en su investidura levantar un muro que dividiera a los españoles en puros e impuros, buenos y malos, izquierda y derecha era fácil prever lo que ha ocurrido: la ciudad se ha dividido y el aire que envuelve la política se ha vuelto irrespirable. El riesgo que ahora corremos es que ese lenguaje maleducado y en ocasiones violento de nuestros representantes se filtre a la sociedad y terminemos viviendo todos como aquellos hablan.
La apertura en este clima bronco de unas simples diligencias previas ha terminado generando una crisis institucional. Herido en su honor por el tratamiento que reciben en los medios algunas actividades de su esposa y familia, el presidente del Gobierno parece haberse dado cuenta de lo que muchos veníamos diciendo sobre los efectos divisivos y hostiles de su muro.
Puede legítimamente el presidente sentirse dolido por los infundios y descalificaciones que ahora sufre. Es fácil compartirlo. Pero si es sincero en su dolor, entenderá mejor ahora el daño que también él ha causado con sus reiteradas ofensas, desplantes, risas y malévolas insinuaciones sobre los adversarios políticos y sus familiares. Al fin y al cabo, como decía Rousseau, nunca se compadecen en los demás sino los males de los que no nos creemos exentos. En el clima creado, pues, ningún líder de la derecha o de la izquierda está ya exento de la famosa máquina de fango.
Es el momento, ha dicho el presidente, de poner punto y aparte y de lanzarse a la “regeneración pendiente” de nuestra democracia. Como los hiperlíderes son personajes que aparecen ex novo, sin ataduras con el pasado, sin historia y casi sin biografía, el presidente parece olvidar que el PSOE ha gobernado este país 27 años y que él mismo ha liderado el Gobierno en los últimos seis años.
Esto me recuerda a mi admirado compañero, Paco Fernández Ordoñez, quien, escuchando maravillado cómo otro ministro explicaba los problemas y proyectos de su Departamento, me susurraba al oído: ¡qué brillante es nuestro colega; es el que mejor nos saca de los líos en que nos mete! Porque alguna responsabilidad tiene su Gabinete en el clima creado.
Pues bien, si se trata de una preocupación genuina por nuestra democracia y no de una burda estrategia electoral (yo prefiero aplicarle lo que en filosofía llamamos principio de caridad), no creo que sea una buena forma de comenzar esa regeneración pendiente (expresión que incomodará a más de uno) provocando una crisis institucional a partir de la simple apertura de unas diligencias previas referidas a su esposa: sólo en 2022, por ejemplo, ingresaron en la jurisdicción penal tres millones, doscientos dieciséis mil quinientos noventa asuntos según la estadística judicial. La reacción del presidente parece excesiva.
Abrir esta crisis además con una carta a la ciudadanía es, sobre todo, incompatible con la democracia parlamentaria.
El presidente del Gobierno según la Constitución recibe su legitimación del Parlamento y no directamente de la ciudadanía (por eso no gobierna el Sr. Feijo, a pesar de haber ganado las elecciones). Son nuestros representantes los que debaten el programa del candidato, le otorgan su confianza, le fiscalizan, orientan su acción, le impulsan, le censuran y, llegado el caso, le retiran la confianza. Por supuesto que puede también dirigirse a los ciudadanos y ciudadanas si lo cree conveniente. Pero lo que no puede hacer es permutar la obligada rendición de cuentas ante el Parlamento por una carta abierta a la ciudadanía.
Si creía el Presidente que el tipo de confrontación política practicada estaba dañando la convivencia y la buena marcha del país, o si consideraba que las insinuaciones sobre miembros de su familia le dificultaban el ejercicio de su función de liderar el Gobierno, debió exigir la convocatoria inmediata del Congreso para dar en sede parlamentaria las explicaciones oportunas, por incómodas que le resulten, justificar su actuación y proponer a los diputados las medidas que considerara necesarias.
Pero en lugar de hacer todo esto, que es lo debido, y como si se tratara de un sistema presidencial (de baja calidad, por otra parte), se dirigió por carta a la ciudadanía abriendo una crisis incomprensible, se retiró a meditar durante cinco días y terminó comunicándonos a través de la televisión el resultado de sus reflexiones. Todo ello al margen del Parlamento.
Pues bien, este proceder es incompatible con la esencia de la democracia parlamentaria. La división de poderes y sus delicados equilibrios es un corsé que puede resultar demasiado estrecho para toda forma iliberal de hacer política; pero sin su respeto no hay democracia; al menos, la democracia parlamentaria que establece nuestra Constitución. Por aquí debería haber comenzado.
No creo, en segundo lugar, que sea una buena fórmula de regeneración poner en la diana a medios y magistrados. Es cierto que el control de los parlamentos sobre sus gobiernos es cada vez más endeble. Hoy, se ha dicho, no existe ascenso y descenso de un líder que no esté estrechamente unido con el Factor M; esto es, con el protagonismo al respecto de magistrados y medios de comunicación. Lo hemos visto en España con la caída del presidente Rajoy y con la elección del presidente Sánchez, acontecimientos en el que un simple obiter dicta de un juez y unos medios fueron el detonante de un cambio de gobierno.
Pero el creciente y peligroso protagonismo de ese Factor M en nuestras democracias se debe sobre todo a la pérdida de nervio y de democracia interna en los partidos (causa y efecto de los hiperliderazgos) y a la desvitalización consiguiente de los parlamentos. Si de verdad se quiere evitar ese protagonismo de medios y jueces, un programa de fortalecimiento democrático tendría que poner el foco en la revitalización de nuestro adormecido Parlamento, en una nueva ley electoral con listas abiertas y en la reforma a fondo de los partidos. Lamentablemente nada de esto está en la agenda del PSOE ni del PP. Es más fácil, aunque más peligroso para la sociedad, lanzarse sobre medios y jueces.
No conocemos aún el paquete de medidas que se puede estar preparando. Pero el Gobierno debería evitar ocurrencias legislativas en esta materia tan delicada. Otros de su propio partido ya lo pensaron en los años noventa cuando percibieron la tensión existente entre la libertad de prensa y el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Y abandonaron el intento sin resolver el problema.
Lo abandonaron porque desde la década de los ochenta la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha consolidado la libertad de prensa como un derecho preferente.
El margen de maniobra en este campo es, pues, tan fino que iniciativas restrictivas al respecto difícilmente pasarán el trámite parlamentario sin el concurso de la oposición. Y si lo pasan, de nada servirá si no consigue que se modifique la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y si, aprovechando la debilidad de este, también se logra su aval, a quien lo intente le espera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una dura polémica a nivel tanto nacional como internacional.
Formamos parte de una comunidad jurídica europea que establece el marco normativo tanto en la regulación de las relaciones entre libertad de prensa y los derechos humanos como en la normativa sobre transparencia de los medios de comunicación (la nueva European Freedon Media Act). En este campo de los derechos humanos, los medios y los jueces Europa es nuestra mejor compañía.
No sé si dentro del paquete de acciones para regenerar la democracia se incluirá el cambio de mayorías para la elección del Consejo General del Poder Judicial como ya ha propuesto uno de los socios de la coalición. Aquí el principal responsable del lamentable bloqueo del Consejo es el PP quien, como hemos denunciado desde hace años (Juego constiucional duro de 11 de octubre de 2020 y El Consejo General del Poder Judicial: del juego duro al fuera de juego, 28 de septiembre de 2021), ha pasado del juego constitucional duro a situarse fuera de juego. Su actuación no tiene disculpa ni excusa.
Pero responder a este bloqueo con un cambio en las mayorías previstas para la elección del Consejo será, si se hace, un claro ataque a la independencia judicial y un escándalo nacional e internacional. La actual fórmula de elección pasó el filtro del Tribunal Constitucional; pero la pasó rozando los límites de su constitucionalidad. Aquel Tribunal no hubiera admitido el actual modelo, si se hubiera rebajado la mayoría de los tres quintos.
El presidente que lidere tal iniciativa hundirá la imagen de España situándonos al lado de las democracias iliberales. Y pasará a la historia con su nombre grabado en la lista en la que ya figuran los Viktor Orban, Matheusz Morawieki, Jaroslaw y Lech Kazinski, por no citar algunos ejemplos populistas en Latinoamérica.
Si estas son las medidas de regeneración que se propone permítame decirle con todos mis respetos, Sr. Presidente, que serían un disparate. Porque van a destruir el prestigio internacional de nuestro Estado de Derecho, porque van a radicalizar las posiciones, porque van a dividir aún más la nación y envenenar la convivencia y porque lejos de regenerar algo van a degenerar lo mejor que tenemos.
La solución para cambiar la atmósfera tóxica de nuestra política es mucho más sencilla y está en manos del propio presidente: acuda al Parlamento, dé las explicaciones que se le pidan, trate con el respeto debido a nuestros representantes, presente los Presupuestos Generales, lidere la política legislativa… y convoque a la oposición para compartir y negociar en su caso los grandes desafíos de España.
Y verá cómo, si ayuda a que los partidos recuperen su función y dan al parlamento lo que es del parlamento, el Factor M quedará en sus justas dimensiones, se recuperará el juego limpio y se limpiará el aire espeso de la política. Porque aquí la única regeneración realmente pendiente es la del respeto a las instituciones y a las personas.
Para ello tiene que olvidarse de ese muro que prometió en su investidura y que es una trampa que se está haciendo a sí mismo y a su partido. Los mismos que le alientan a hacer crecer el muro serán los primeros que, cuando les convenga, lo empujarán para que se despeñe desde lo más alto del mismo y arrastre tras sí a su partido y a toda la izquierda constitucional dejando malherida a nuestra democracia.
Cuenta Plutarco en Vidas Paralelas que Marco Catón terminaba siempre sus discursos con un ceterum censeo Carthaginem esse delenda; esto es, hay que arrasar Cartago. Sr. Presidente, y como diría Catón, delendus est murus.
Virgilio Zapatero. Rector emérito de la Universidad de Alcalá.