La primera ley que aprobaron en España las Cortes Constituyentes fue la ley de amnistía. Sin ella no hubiera sido posible nuestra Constitución. Derogarla directamente o sortearla afecta al núcleo duro del consenso constitucional. Y esto es siempre peligroso.
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La falta de renovación de órganos constitucionales, escribí hace un año en este diario, es un ejemplo de lo que en la doctrina norteamericana se denomina juego constitucional duro. Un año después seguimos sin que las Cámaras renueven dichos órganos. Ya no se trata de juego duro: sencillamente uno de los jugadores esenciales se ha retirado del campo hasta que no se cambien las reglas del juego en la elección del Consejo General del Poder Judicial. Y sin dar mayores explicaciones, de paso tampoco se renuevan ni el Tribunal Constitucional, ni el Defensor del Pueblo, ni el Tribunal de Cuentas. Sencillamente el sistema ha quedado así bloqueado.
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Si hay una renuncia a la unilateralidad, la utilidad pública del indulto podría quedar justificada, el riesgo de arbitrariedad evitado y, en todo caso, más ciudadanos podríamos solidarizarnos con una decisión tan arriesgada. Sin esta garantía, es difícil que los españoles vean en los indultos una sólida justificación política. Y no está claro que las medidas de gracia pasen el test de la razonabilidad lógica y de coherencia interna que exige el Tribunal Supremo
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Una revolución silenciosa está en marcha: la mutación de los Estados de Derecho en Estados de los Jueces. Este proceso se está acelerando en España con ocasión de la pandemia
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El golpe del 23F no fue, pues, como a veces se dice, un golpe de Estado fallido sino derrotado. Tuvo, pues, como resultado no sólo el castigo de los autores directos sino la decisión de todas las fuerzas políticas de acometer las reformas necesarias para que no volviéramos a vivir una situación tan dramática como la de aquellos días. Sabemos ya que ni etarras ni golpistas tienen la capacidad de desestabilizar la democracia. Y esto es lo que podemos y debemos celebrar en este cuarenta aniversario de aquel golpe de Estado.
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Esta Constitución, tan denostada últimamente por algunos representantes políticos pese a haber jurado su defensa, tiene un claro núcleo duro que es el que canaliza los eventuales cambios de la misma. Me refiero al título X o De la Reforma Constitucional. El respeto escrupuloso de los procesos establecidos para el cambio es el imperativo categórico de nuestra abierta y generosa democracia. Ese Título es una auténtica línea roja para quienes pretendan cambiarla unilateralmente.
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En cuarenta años de democracia, vamos a tener la octava Ley de Educación: LOECE (1980), LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995), LOCE (2002), LOE (2006), LOMCE (2013). Y ahora la Ley CELÁA
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La negativa a negociar la renovación de los órganos constitucionales supone recurrir al juego duro con grave peligro para la estabilidad del sistema constitucional.
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El día 18 de junio de 2014 se produjo la abdicación de S.M. Don Juan Carlos I poniendo fin a un largo reinado de 36 años como Rey constitucional. Los españoles le despedimos expresando nuestro reconocimiento por su decisiva aportación a la consolidación de la democracia en España y recordando los momentos capitales de su largo reinado: la convocatoria de elecciones generales en 1977
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Ojalá que los miembros de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica no olviden lo que trató de enseñarnos, entre otros muchos, Hans Kelsen en Esencia y valor de la democracia y que practicamos los españoles en aquello verano del 77: Que la política en democracia es siempre transaccional.
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