El Consejo General del Poder Judicial: los orígenes de la polémica

El nuevo modelo rompió claramente con el corporativismo de quienes pedían un Poder autónomo Judicial, desconectado del principio democrático. Pero su gestión ha sido deficiente porque el proceso de elección del Consejo se ha hecho desde entonces por las cúpulas de los partidos políticos en negociaciones sin luz y taquígrafos, tratando de que el Consejo refleje no el pluralismo real de nuestra sociedad y de la propia carrera judicial, como pedía el Tribunal Constitucional, sino el poder de los partidos

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Ucrania, una guerra que no se llama guerra

Aunque Rusia no la quiera llamar guerra, esta es una guerra. Y una guerra que rompe el orden legal internacional, destruye la vida de miles de personas, arrasa un país y nos advierte a todos, europeos y no europeos, de cuál puede ser el destino de todos nosotros si admitimos superpotencias a legibus solutus; esto es, desatadas de las leyes. Si esto finalmente ocurre, nos espera a la vuelta de la esquina el estado de naturaleza en el que, como advertía Hobbes, la vida será solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta.

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Consejo General del Poder Judicial: del juego duro al fuera de juego

La falta de renovación de órganos constitucionales, escribí hace un año en este diario, es un ejemplo de lo que en la doctrina norteamericana se denomina juego constitucional duro. Un año después seguimos sin que las Cámaras renueven dichos órganos. Ya no se trata de juego duro: sencillamente uno de los jugadores esenciales se ha retirado del campo hasta que no se cambien las reglas del juego en la elección del Consejo General del Poder Judicial. Y sin dar mayores explicaciones, de paso tampoco se renuevan ni el Tribunal Constitucional, ni el Defensor del Pueblo, ni el Tribunal de Cuentas. Sencillamente el sistema ha quedado así bloqueado.

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El perdón en la política. A propósito de los indultos

El perdón en la política. A propósito de los indultos

Si hay una renuncia a la unilateralidad, la utilidad pública del indulto podría quedar justificada, el riesgo de arbitrariedad evitado y, en todo caso, más ciudadanos podríamos solidarizarnos con una decisión tan arriesgada. Sin esta garantía, es difícil que los españoles vean en los indultos una sólida justificación política. Y no está claro que las medidas de gracia pasen el test de la razonabilidad lógica y de coherencia interna que exige el Tribunal Supremo

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